La represión, compañera inseparable de los gobiernos neoliberales, vuelve a aparecer. Esta vez en Zimapán, un lejano municipio ubicado en Hidalgo, el cual fue invadido por 800 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Cualquiera que ha pasado o estado en Zimapán podrá constatar que la tranquilidad es una de las virtudes que más caracterizan al lugar. No es una plaza del narcotráfico, no es cuna de secuestradores o delincuentes.
Entonces, ¿qué hace la PFP en Zimapán?
Bajo los órdenes del gobierno federal, la Policía Federal cumple con la nada prestigiosa labor de proteger los intereses de una empresa española: BEFESA.
Es lamentable que se use la fuerza policiaca del Estado mexicano para blindar intereses económicos extranjeros, causa tristeza observar como se ha desatado la represión psicológica contra los pobladores de Zimapán.
Hace unos días, Felipe Calderón crítico la “criminalización” de los cuerpos policiacos hacia los jóvenes, si algo de congruencia tiene su discurso, debe girar las instrucciones necesarias para retirar a la PFP de nuestro municipio.
Porque en el Caso Zimapán, no sólo se criminaliza a los jóvenes, sino también a las señoras, a los campesinos, a los migrantes, a los profesores, a los ingenieros, en fin, a toda la sociedad zimapense que se opone a la construcción de un Confinamiento de Desechos Tóxicos y Peligrosos.
A pesar de que la presencia de la PFP ha sido denunciada por diversos actores políticos en medios de comunicación, el gobierno federal no ha tenido la sensibilidad de retirar a los policías.
Al contrario, utiliza una táctica dilatoria para enfriar el discurso político y poder reprimir sin presiones a los ciudadanos de Zimapán.
Miguel Osorio Chong, gobernador hidalguense, está a punto de convertirse en un criminal, pues se convierte en cómplice del gobierno federal al admitir las absurdas medidas tomadas para impulsar la operación del tiradero de residuos peligrosos.
Los ciudadanos de Zimapán exigimos que se retire la PFP de nuestro municipio, esperamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno renuncien a la posibilidad de pasar a la historia como culpables por delito de lesa humanidad.
Cualquiera que ha pasado o estado en Zimapán podrá constatar que la tranquilidad es una de las virtudes que más caracterizan al lugar. No es una plaza del narcotráfico, no es cuna de secuestradores o delincuentes.
Entonces, ¿qué hace la PFP en Zimapán?
Bajo los órdenes del gobierno federal, la Policía Federal cumple con la nada prestigiosa labor de proteger los intereses de una empresa española: BEFESA.
Es lamentable que se use la fuerza policiaca del Estado mexicano para blindar intereses económicos extranjeros, causa tristeza observar como se ha desatado la represión psicológica contra los pobladores de Zimapán.
Hace unos días, Felipe Calderón crítico la “criminalización” de los cuerpos policiacos hacia los jóvenes, si algo de congruencia tiene su discurso, debe girar las instrucciones necesarias para retirar a la PFP de nuestro municipio.
Porque en el Caso Zimapán, no sólo se criminaliza a los jóvenes, sino también a las señoras, a los campesinos, a los migrantes, a los profesores, a los ingenieros, en fin, a toda la sociedad zimapense que se opone a la construcción de un Confinamiento de Desechos Tóxicos y Peligrosos.
A pesar de que la presencia de la PFP ha sido denunciada por diversos actores políticos en medios de comunicación, el gobierno federal no ha tenido la sensibilidad de retirar a los policías.
Al contrario, utiliza una táctica dilatoria para enfriar el discurso político y poder reprimir sin presiones a los ciudadanos de Zimapán.
Miguel Osorio Chong, gobernador hidalguense, está a punto de convertirse en un criminal, pues se convierte en cómplice del gobierno federal al admitir las absurdas medidas tomadas para impulsar la operación del tiradero de residuos peligrosos.
Los ciudadanos de Zimapán exigimos que se retire la PFP de nuestro municipio, esperamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno renuncien a la posibilidad de pasar a la historia como culpables por delito de lesa humanidad.
